El Gobierno ha aprobado la memoria preliminar del Anteproyecto de ley que quiere proteger a las personas que alerten de infracciones normativas y que, a raíz de la denuncia o alerta, puedan sufrir una eventual represalia o acoso. El objetivo es evitar situaciones que puedan poner en riesgo el ámbito profesional o personal de la persona alertadora o incluso de las personas físicas que le asistan en la denuncia en el contexto laboral o de las terceras personas que se puedan relacionar profesional o personalmente.

Con esta iniciativa se pretende suplir la falta de una regulación integral de la protección de personas que denuncian irregularidades en Cataluña, de acuerdo con lo que prevé la Directiva en el ámbito de la lucha contra la corrupción, así como solucionar la dispersión en la respuesta de las administraciones públicas motivada por la existencia de múltiples canales de denuncia y alerta.

La Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 establece los requisitos básicos para garantizar una protección de las personas que por su especial posición, dados sus vínculos profesionales con entidades, tanto del sector público como privado , tienen conocimiento e informan sobre infracciones del Derecho de la Unión en determinados ámbitos que pueden lesionar el interés público. Actualmente, la normativa europea de mínimos no ha sido todavía transpuesta en el Estado español. Sin embargo, se ha tramitado en las Cortes Generales el Proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, con el fin de transponer la directiva, que queda pendiente de aprobación definitiva.

Concretamente en el ámbito de la Generalitat, hasta ahora se han llevado a cabo diversas iniciativas con el objetivo de impulsar la integridad pública y mejorar la calidad institucional, con herramientas como el Código de conducta de los altos cargos y personal directivo del Administración de la Generalitat y de las entidades de su sector público así como el Código ético del servicio público de Cataluña.

Fuente de la información: Impulso al Anteproyecto de ley para proteger a las personas que alerten de infracciones normativas