El Departamento de Justicia, Derechos y memoria ha iniciado formalmente el trámite para conseguir que los funcionarios de prisiones obtengan la jubilación anticipada. La conselleria ha entregado a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones la documentación necesaria para abrir un expediente, y que técnicamente se haga efectiva su petición. Entre otros, este expediente contiene los resultados del informe del grupo de trabajo para el estudio de la jubilación anticipada de los cuerpos penitenciarios, que justifican la petición. Éste es un trámite imprescindible para que se inicie el procedimiento.

La jubilación anticipada es una reivindicación histórica de los funcionarios de prisiones de Cataluña. La consejera, Gemma Ubasart y González, y el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó, han impulsado el proceso que permitirá el despliegue normativo necesario por parte del Estado. A pesar de que en 2020 el grupo de trabajo presentó las conclusiones, hasta ahora no se había realizado ninguna gestión efectiva en este sentido.

La tramitación que ahora se inicia formalmente es fruto del acuerdo entre el Departamento de Justicia, Derechos y Memoria y todas las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de servicios penitenciarios, que se firmó el 2 de diciembre de 2021 y que el Gobierno de la Generalidad ratificó el 29 de marzo de 2022.

Una plantilla con una edad media de 50 años y una siniestralidad del 7%

La jubilación anticipada permitirá que los trabajadores de los cuerpos penitenciarios puedan jubilarse voluntariamente a partir de los 60 años, oa los 59, si acreditan 35 años de servicio. En los próximos ocho años podrían acogerse a esta modalidad de jubilación alrededor de 1.400 profesionales, que representan el 31% de la plantilla actual.

La jubilación anticipada hará posible rejuvenecer a una plantilla que tiene una edad media de 49,56 años, a consecuencia de diferentes factores, como los años de recesión económica y la contención del gasto. Esta renovación permitirá mejorar el servicio y un ahorro en el gasto a largo plazo, porque reduce la siniestralidad, que ahora se sitúa en un 6,92%.

También se reducirá el absentismo, que en la actualidad requiere incrementar el gasto en sustituciones y refuerzos para poder prestar los servicios y garantizar la seguridad de los centros penitenciarios. Los trabajadores que presentan un mayor porcentaje de bajas por accidente laboral y enfermedad profesional son los que se sitúan en la franja que va de los 54 a los 63 años, y la duración media de las bajas en estos trabajadores supera los 55 días.

Fuente de la información: Justicia, Derechos y Memoria inicia formalmente el proceso para conseguir la jubilación anticipada de los funcionarios de prisiones